Frente a la sanidad pública, el plazo general es de un año desde que se produjo el daño o desde que se estabilizaron las secuelas. Frente a la sanidad privada los plazos dependen de la vía elegida. En todos los casos conviene consultar en cuanto se sospecha el error.

Con la historia clínica y con un informe pericial de un médico especialista que acredite que la actuación se apartó de la práctica correcta y que ese apartamiento causó el daño. El abogado coordina esa prueba y la presenta ante la Administración o el juzgado.

Los daños físicos y psíquicos, las secuelas, los días de baja, los gastos ocasionados y, en su caso, el daño moral y el perjuicio para la familia. La cuantía se calcula tomando como referencia el baremo de tráfico, que los tribunales aplican por analogía.